Adopta nuestro estado socialista formas institucionales definitivas
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Autor : Julio García Luis
Publicado : 13/02/2014

Con la constitución solemne de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la elección por ella del Consejo de Estado, su Presidente, Primer Vicepresidente y demás Vicepresidentes, y con la ratificación de los miembros del Consejo de Ministros, culminó el proceso de institucionalización del país y se abrió una nueva etapa en la vida de la nación.

 

Esa labor, prescrita por la Constitución puesta en vigor el 24 de febrero de 1976, abarcó el establecimiento de la nueva división político-administrativa, la nominación de los candidatos a delegados de base por los propios vecinos de las circunscripciones electorales, la elección de estos delegados, la constitución posterior de las asambleas municipales y sus respectivos órganos administrativos, la elección de los delegados a las asambleas provinciales y de los Diputados nacionales, la constitución de las asambleas provinciales y, finalmente, la instalación de la Asamblea Nacional como órgano supremo del poder del Estado, dotado de potestad constituyente y legislativa.

 

El Poder Popular, sin embargo, era fruto de reflexiones, esfuerzos y experiencias que llenaron muchos años.

 

En la etapa inicial de la Revolución, cuando lo principal era desmantelar los instrumentos y bases del viejo poder, y defender a la vez la nueva democracia obrera y campesina, lo conveniente había sido un aparato estatal ágil, cohesionado, que concentrara las facultades legislativas, ejecutivas y administrativas, y que fuera capaz de dar respuesta rápida a los cambios profundos y radicales que tenían lugar.

 

La participación democrática del pueblo se expresaba entonces de modo directo en su incorporación a las diversas tareas, en las constantes movilizaciones políticas y militares en que tomaba parte, y en su papel en las organizaciones revolucionarias. Como señaló al respecto Raúl Castro: «No hay posiblemente otro caso en la historia, en que una revolución, la dirección de una revolución, haya contado con un apoyo tan masivo y tan total del pueblo, con una confianza y un entusiasmo revolucionario tan inagotables e incesantes por parte de las masas, con una unidad tan completa, como la que ha ofrecido nuestro pueblo a su Revolución...».[1]

 

No obstante, siempre había existido conciencia de la importancia que tendría, en adición a estas vías participativas, la creación de las instituciones representativas que permitieran a todos los ciudadanos tomar parte sistemática en la gestión del gobierno de la sociedad.

 

Un primer ensayo para tratar de dar solución a los problemas del gobierno local, fue la creación, en los años sesenta, de las JUCEI: las Juntas de Coordinación, Ejecución e Inspección.

 

Distintas causas, entre ellas el gran esfuerzo por la zafra gigante de 1970, hicieron que aquella tarea fuera aplazada. Después de la dura experiencia de ese año, se abrió paso con fuerza la voluntad de institucionalizar el país. Fueron fortalecidos los sindicatos y las organizaciones de masas. En 1972 fue reestructurado el Consejo de Ministros y se creó su Comité Ejecutivo. En 1973 fue llevado a cabo, de modo similar, el fortalecimiento del aparato del partido, desde la base hasta el Comité Central.

 

Es cierto que en aquel proceso se introdujeron concepciones procedentes de la experiencia soviética, que luego se unirían a errores endógenos para dar origen a nuevos problemas —tales como el sobredimensionamiento de la superestructura administrativa, su virtual duplicación en el aparato del partido, y la práctica de querer dirigir al Gobierno, de modo cotidiano, desde el Secretariado del Comité Central—, pero el saldo, considerado en su conjunto, representó un avance hacia una más eficaz y democrática dirección del país.

 

Durante 1974 se aplicó de modo experimental el Poder Popular en la provincia de Matanzas, a fin de hacer los ajustes necesarios y contar con elementos para su posterior extensión a todo el territorio nacional.

 

El sistema previsto descansaba en varios principios: el partido no propone ni veta candidatos, es el pueblo el que nomina y elige; el papel del partido en el proceso es velar por que se cumplan estrictamente todas las normas; el voto es libre y secreto, y cada ciudadano mayor de 16 años, incluyendo a los miembros de las instituciones armadas, tiene derecho a ejercerlo y a ser elegido; los elegidos responden periódicamente en cada nivel a sus electores, y pueden ser revocados en cualquier momento por estos; las normas del centralismo democrático, la dirección colectiva y la responsabilidad individual rigen en todos los eslabones del Poder Popular.

 

Fidel Castro había advertido sobre el peligro de que los procedimientos meramente administrativos de los primeros años de la Revolución se convirtieran en procedimientos burocráticos.

 

De igual forma, existía el riesgo de que el centralismo, inherente al Estado y al Gobierno Revolucionario en los momentos iniciales, se convirtiera en una traba para la administración de la producción y los servicios a escala local, y en obstáculo a las iniciativas posibles de quienes ejercían funciones de gobierno a ese nivel.

 

La constitución del Poder Popular, en 1976, significó por tanto no solo el establecimiento de un sistema de instituciones representativas, fruto de elecciones democráticas, de las cuales dimanaba el poder otorgado a las autoridades administrativas en cada escalón, sino además una importante descentralización de tareas y atribuciones, que fueron desplazadas del Gobierno central y sus ministerios hacia los órganos locales en las provincias y los municipios.

 

Esto hizo más racional y efectiva la gestión de numerosas actividades. En muchos casos, las direcciones centrales retuvieron las atribuciones metodológicas, normativas y de inspección, y los órganos locales asumieron la administración directa de las entidades.

 

En julio de 1992, la Asamblea Nacional adoptó las reformas a la Constitución que permitieron, entre otros aspectos, reconocer a los Consejos Populares como importantes eslabones de coordinación e impulso a las tareas de gobierno, así como modificar la Ley Electoral y establecer que la elección de los Diputados y delegados provinciales, hasta entonces de segundo grado, se efectuara igual que la de los delegados de base, por el voto libre, directo y secreto de la población.

 

 

Fragmento tomado de 45 grandes momentos de la Revolución Cubana, editorial Ocean Press, México, D.F., 2004.

[1] Raúl Castro, discurso ante los delegados del Poder Popular en Matanzas, 22 de agosto de 1974. En Selección de discursos acerca del Partido. Fidel Castro, Raúl Castro, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 206.

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