Se declara ilícita la Ley Helms-Burton…
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Autor : Julio García Luis
Publicado : 13/02/2014

En la segunda mitad de los años ‘70, bajo la Administración de James Carter, la evidencia del fracaso del bloqueo, la solidez de las ascendentes relaciones de Cuba con los países socialistas, y la estrategia emprendida entonces en torno a los «derechos humanos» y la pretensión de legalizar una «oposición pacífica» interna a la Revolución, obligaron al gobierno estadounidense a reconsiderar y adecuar algunas de las decisiones presidenciales tomadas en épocas precedentes con el propósito de aislar y asfixiar económicamente a la isla.

 

Con el arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca, a comienzos de la década del ‘80, aquella incipiente distensión quedó sepultada y se inició una larga etapa caracterizada por la escalada de medidas dirigidas a restablecer en todo su rigor el bloqueo, e incrementar, a la vez, el asedio propagandístico, lo que incluyó el establecimiento de la llamada  Radio Martí , y luego las trasmisiones de televisión con ese mismo nombre.

 

Al producirse el colapso de los países de Europa oriental y central, y el desmembramiento y desintegración de la URSS, a fines de 1991, las fuerzas políticas de ultraderecha en Estados Unidos, íntimamente vinculadas a lo más reaccionario de la emigración cubana en ese país, asumieron que Cuba no podría resistir ese golpe, que la isla, sola, se convertiría en fácil víctima de la política norteamericana, y que, por tanto, había llegado el momento para tomar la ofensiva y dar los pasos necesarios que aseguraran la liquidación de Cuba.

 

Esas fueron las premisas sobre las cuales surgió la  Ley Torricelli, firmada por la Administración Bush en octubre de 1992, la cual no solo comportaba un recrudecimiento extremo del bloqueo sino, además, una verdadera actualización de todas las políticas de Estados Unidos contra la Revolución cubana.

 

Un objetivo esencial de esta legislación fue cortar el comercio de Cuba con subsidiarias norteamericanas radicadas en terceros países. Después del derrumbe socialista, estas relaciones se habían casi triplicado, elevándose a 705 millones de dólares anuales, los cuales correspondían casi por completo a compras de alimentos, medicinas y suministros para la agricultura.

 

Perseguía, por otra parte, obstaculizar el traslado a Cuba de mercancías de todo tipo, al establecer que todo buque que tocara puertos cubanos no podría arribar a territorio estadounidense durante 6 meses.

 

Junto a medidas de este corte, destinadas a tratar de matar por hambre y enfermedades al pueblo cubano, la Ley Torricelli abría al Ejecutivo la posibilidad de utilizar contra Cuba el llamado «carril dos», es decir, el de las comunicaciones, la información y la influencia ideológica.

 

El fracaso de esta Ley, no obstante su costoso impacto sobre la economía cubana, a la que se sumaron las medidas adicionales dispuestas por el presidente William Clinton, el 20 de agosto de 1994, a raíz de la denominada «crisis de los balseros», condujeron a la extrema derecha atrincherada en el Congreso estadounidense a fraguar un nuevo paso, síntesis de diversas propuestas de corte similar aparecidas en ese período: el proyecto de Ley Helms-Burton.

 

Paradójicamente, Clinton, quien había criticado este texto por excesivo e innecesario, lo firmó sorpresivamente después del incidente del 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas del grupo paramilitar Hermanos al Rescate, con base en Miami, que incursionaban de modo reiterado y provocador en el espacio aéreo de la isla, fueron derribadas por cazas cubanos.

 

La Ley Helms-Burton significó, por encima de todo, un paso cualitativo en las políticas norteamericanas hacia Cuba, al establecer, de modo detallado y explícito, un programa para la recolonización de la isla bajo la tutela de Estados Unidos. Estas políticas, que habían sido prerrogativa presidencial, fueron sometidas ahora a la autoridad del Congreso.

 

Si el centro de ataque de la Ley Torricelli fue el comercio con las subsidiarias norteamericanas, la Ley Helms-Burton colocó su énfasis fundamental en desestimular, obstaculizar y frustrar la inversión extranjera en Cuba. Para ello enarboló como pretexto la compensación por las propiedades norteamericanas nacionalizadas entre 1959 y 1960, incluyendo de modo arbitrario en este capítulo a los cubanos que más tarde se hicieron ciudadanos norteamericanos, y cuyas propiedades fueron expropiadas desde el 1ro. de enero de 1959, lo que obviamente abarca a todos los asesinos y cómplices de la tiranía batistiana escapados a la justicia revolucionaria.

 

Nunca antes en el mundo se había conocido una legislación que, de manera tan arrogante, pretendiera obligar a personas naturales y jurídicas de terceros países a someterse a las leyes de Estados Unidos, so pena de enfrentar sanciones y humillaciones de diverso carácter.

 

Frente a esta voluntad hegemónica extraterritorial, diversos países del mundo promulgaron sus correspondientes «leyes antídoto». La capacidad de desafiar al imperio, sin embargo, no siempre fue firme y consecuente. Cuba, por su parte, sometió a consulta popular y luego llevó a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 24 de diciembre de 1996, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas. A la repulsa de hecho, por todos los medios y en todos los terrenos, del engendro jurídico estadounidense, se unió así el rechazo legal del Estado cubano.

 

Fragmento tomado de 45 grandes momentos de la Revolución Cubana, editorial Ocean Press, México, D.F., 2004.

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