La escala de agresiones de la administración Bush
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Autor : Antonio Aja Díaz
Publicado : 12/02/2014

Las visiones y aspiraciones acerca del derrocamiento del gobierno revolucionario intentaron materializarse en planes concretos para ser ejecutados ante la supuesta «transición en Cuba», en oposición a lo que se denomina «sucesión del poder», cuyo propósito es impedir la continuidad histórica de la Revolución Cubana. Se profundizó la alianza estratégica entre el pensamiento de extrema derecha que domina el poder político en los Estados Unidos con los sectores más recalcitrantes de la contrarrevolución de origen cubano.

 

El ejemplo más diáfano lo constituye el «Informe de la Comisión para la asistencia a una Cuba libre», de julio de 2006, elaborado bajo la dirección de la secretaria de Estado y el de Comercio. Este documento dedica varios párrafos al tema migratorio, y su esencia consiste en imputar a Cuba hechos de los que son responsables, en gran medida, los Estados Unidos. También se refiere a otros temas vinculados con la migración, como los viajes a la Isla de cubanos residentes en ese país y el envío de remesas a sus familiares. En él se afirma que aunque el Comunicado Conjunto de 1994 obliga a la Isla a tomar medidas para garantizar que la emigración sea segura, legal y ordenada, el gobierno cubano continúa negando a los funcionarios estadounidenses el permiso para controlar a los emigrantes que son devueltos; facilitando la salida de miles de cubanos anualmente por la frontera terrestre de México hacia los Estados Unidos; negando los permisos de salida a ciudadanos cubanos que están calificados para viajar; haciendo que algunas personas esperen años para emigrar, o prohibiendo rotundamente a otros que emigren incluyendo médicos y familiares de funcionarios del gobierno.

 

Se acusa a Cuba de establecer medidas burocráticas que impiden a la Sección de Intereses de Washington (SINA) en La Habana realizar esfuerzos por cumplir los compromisos estadounidenses según el Acuerdo, así como operar con estos y otros mecanismos para continuar manipulando los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Finalmente, se intenta responsabilizarla no solo por lo que consideran fracaso en el cumplimiento de sus obligaciones con los Acuerdos migratorios, sino además por realizar gestiones -repetidas y consistentes- para impedir la emigración legal -ordenada y segura- encaminada a interferir la política inmigratoria estadounidense.

 

Los acápites dedicados a otras formas de agresión contra el país, como la «Negación de ingresos al régimen» y «Regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros» (OFAC), se vinculan, de una u otra forma, con aspectos del tema migratorio. Otro tanto ocurre con las regulaciones para la OFAC, dirigidas a prohibir el envío de remesas a Cuba a través de instituciones en terceros países; o sea, exigir que todas sean encauzadas mediante agentes expedidores norteamericanos autorizados, y a eliminar el empleo de tarjetas para extraer dinero en los viajes que permiten realizar a la Isla. Esas medidas complementan un cuadro de regulaciones migratorias a partir de la acción de la Ley de Ajuste Cubano, la interpretación de la llamada política de «pies secos, pies mojados», las normativas restrictivas para los viajes de los ciudadanos de origen cubano a la Isla (que implican una interpretación distorsionada del concepto de familia), y la selectividad hacia sectores de la sociedad cubana para el otorgamiento de visas a emigrantes según el Acuerdo migratorio vigente. En relación con el proceso de reforma inmigratoria en los Estados Unidos, debe añadirse la actuación de la extrema derecha cubanoamericana. En sus intentos de presionar al gobierno norteamericano para endurecer la política agresiva contra Cuba, cuestionó la propia existencia de los Acuerdos migratorios de 1994- 1995 a partir de la aplicación —en su opinión, injusta— de la política de pies secos, pies mojados.

 

Fragmento tomado de Antonio Aja Díaz: «Los Estados Unidos- Cuba: Emigración y relaciones bilaterales», revista Temas, No. 62-63: 113-123, abril- septiembre, 2010, La Habana, pp. 117,118.

Antonio Aja Díaz
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