El Bloqueo en los umbrales del siglo XXI
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Autor : Esteban Morales
Publicado : 19/02/2014

[…]  Una expresión muy clara de estas intenciones de política por parte de Estados Unidos lo han sido la Cuban Democracy Act, conocida como Ley Torricelli, aprobada en octubre de 1992 y la denominada Ley Helms Burton, aprobada en marzo de 1996 por los presidentes George Bush (padre) y William Clinton, respectivamente.

 

Ambas leyes han tenido como objetivo fundamental bloquear las relaciones económicas de Cuba con el exterior. En el primer caso, el comercio con filiales norteamericanas en terceros países, aprobado durante los años setenta; y lo segundo, para tratar de frenar la llegada de las inversiones extranjeras a Cuba, ya en medio del proceso de recuperación de la economía cubana, comenzado en 1995.

 

Sin dudas ambas leyes, pero más la Helms Burton de 1996, han pretendido profundizar en la política de bloqueo hacia Cuba, ampliando el carácter transnacional del bloqueo.

 

El comercio de Cuba con las filiales de empresas norteamericanas en terceros países había observado una dinámica creciente durante los años ochenta, habiendo alcanzado su nivel más alto en 1991 con más de 718 millones de dólares,[1] comercio que a pesar de su carácter complementario, en no pocos casos, Cuba adquiría dentro del mismo, suministros significativos para su economía. Mercancías que no podía obtener en los mercados socialistas, o compras que respondían a la situación creada por las demoras de suministros necesarios a su economía, que no arribaban a tiempo de los mercados mencionados.

 

Aunque por razones de espacio no hemos insistido en la arista política del bloqueo de Estados Unidos, este último se encuentra y desenvuelve totalmente en el contexto de la confrontación entre ambos países. Digamos, la denominada ley Helms Burton, no está separada del momento coyuntural de las relaciones entre ambos países en que fue aprobada.

 

Cuba se encontraba saliendo de la crisis económica vivida entre 1989 y 1994 y la extrema derecha norteamericana sentía que  se les escapaba la oportunidad de presenciar su hundimiento. Fue entonces que emergió esta ley, precisamente para frenar el proceso inversionista que Cuba llevaba a cabo, junto con el capital extranjero, orientado a conseguir el apuntalamiento de su proceso de recuperación económica.[2]

 

Esta ley Helms- Burton, encierra la particularidad de que tiende a cambiar las reglas del proceso de formulación de política hacia Cuba en Estados Unidos, concediendo la prerrogativa de variar la política al Congreso, así como que tipifica como ley, las anteriores regulaciones concernientes a la política de bloqueo hacia la Isla. Con lo cual, el presidente pasa a un segundo plano en cuanto a las posibilidades que antes tenía de cambiar la política hacia Cuba, debiendo ahora contar con la aprobación del Congreso para hacerlo. Lo cual, al menos teóricamente es así.

 

Aunque en las medidas tomadas por George W. Bush contra Cuba, realmente, en una verdadera manipulación del presidente, este no contó con el Congreso. Por lo que no está claro, hasta dónde llegan verdaderamente las prerrogativas presidenciales en la política hacia Cuba, en términos prácticos, aunque en términos legales debiera contar con el Congreso. Por lo que en las últimas medidas, dirigidas todas a profundizar en la política de bloqueo, el presidente ha operado con ellas sin contar con el Órgano Legislativo.

 

Tomando en consideración la correlación a favor de la extrema derecha dentro del Congreso, así como el estilo poco ético y democrático del presidente, son esperables actuaciones dirigidas a secuestrar los asuntos de la política hacia Cuba en manos del Ejecutivo.

 

Por otro lado, tanto con la Ley Torriceli como con la Helms Burton, la extraterritorialidad de la legislación estadounidense y su política de sanciones hacia Cuba, han devenido en una norma de la política exterior norteamericana. Por lo que la tendencia actual de la política hacia Cuba, hace que esta última se acerque a la política exterior, sin dejar de ser esencialmente, como siempre, una cuestión de la política interna.

 

De modo que actualmente las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos afectan a más de setenta países, con una población equivalente a las dos terceras partes de la población mundial.

 

En realidad, ambas leyes han recibido un gran rechazo a nivel internacional. Tal situación se expresa en la aprobación sistemática, en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 hasta el 2005, de una resolución de condena a la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Así como se manifiesta también, en que las relaciones económicas de Cuba a nivel internacional continúan creciendo, sin que Estados Unidos logre paralizarlas. Aunque, Cuba nunca llegara a conocer, cuantos inversionistas hubieran entrado en negociaciones con la Isla, de no haber existido los fuertes obstáculos que la Ley Helms-Burton ha significado para su proceso de reinserción económica internacional.

 

Internamente en Estados Unidos, también crece el rechazo a la política de bloqueo, tanto en el Congreso, como dentro de la sociedad civil norteamericana. De tal modo que si se hubieran cumplimentado los pasos democráticos para tratar los problemas de la política hacia Cuba dentro de los mecanismos del Congreso Norteamericano, ya se hubieran levantado las prohibiciones de viajar a Cuba, respetado las reglas del envío de remesas y no hubiera sido posible utilizar dinero para aplicar medidas punitivas contra Cuba y contra los que incumplen la legislación norteamericana respecto a la política hacia la Isla.

 

Fragmento tomado del artículo: «El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba: ¿Se bate en retirada?».


[1] Office of Foreign Asset Control (OFAC): «An analysis of license trade with Cuba by foreign subsidiaries of U.S: companies», U.S. Department of the Treasury, July 1991.

[2] Consulte además Esteban Morales, Carlos Batista and Kanako Yamaoka: «The United States and The Reinsertion to International Economy of Cuba: Triangular Analysis», Joint Research Program No. 126, IDE-JETRO.IDE, Japan, 1999, pp. 65-190.

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