Cuba sin alimentos
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Autor : Cubacusa
Publicado : 19/02/2014

No ha habido sector alguno de la vida social y económica de la nación cubana que en estos cuarenta años no se haya visto afectado de manera directa, en grado mayor o menor, por la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Pero, entre todos ellos, posiblemente han sido las actividades relacionadas con la producción de alimentos para el pueblo y de fondos alimentarios exportables para el sostenimiento de la economía del país, las que han figurado de manera más constante en los planes y programas concretos de la guerra sucia norteamericana contra Cuba.

 

Durante cuatro décadas, el sector agropecuario ha sido un objetivo priorizado en los planes de agresión de Estados Unidos contra Cuba. Fuente de los principales productos de exportación cubana y de la mayor parte de los alimentos que consume la población, este sector constituye una pieza clave en los propósitos desestabilizadores de ese país y en sus intenciones de doblegar por hambre la firme voluntad de nuestro pueblo de defender su Revolución, su sistema socialista, su libertad e independencia.

 

La principal vertiente de esta guerra contra la agricultura, la ganadería y la pesca cubanas ha sido, sin duda, la agresión biológica, a la cual se dedicará un espacio especial más adelante en esta demanda.

 

Adicionalmente a esta línea de acción, sin embargo, hay que destacar el empleo también preferente del sabotaje y de otras formas de terrorismo. Instalaciones dedicadas a la ganadería, vaquerías de ordeño, granjas avícolas, almacenes de abono, fertilizantes y productos agrícolas y pecuarios, casas de curar tabaco, transporte de carga y maquinaria agrícola, entre otras, han sido objeto de acciones terroristas y de sabotaje con un elevado saldo de daños materiales y pérdidas económicas significativas para la producción y afectaciones sensibles en la disponibilidad de productos para el consumo de la población y la exportación.

 

El sector azucarero, principal actividad económica en la generación de empleos e ingresos del país, ha sido objeto en particular, desde los primeros momentos posteriores al triunfo de la Revolución en enero de 1959, de una intensa y prolongada agresión por parte de Estados Unidos y sus agentes. No les bastó a los estrategas norteamericanos suprimir la cuota azucarera de Cuba en su mercado y obstaculizar de manera sistemática la comercialización internacional de este producto, como ha sido denunciado reiteradamente por Cuba. Contra la caña en los campos, contra los centrales y los almacenes de azúcar, se desató desde el principio una feroz campaña terrorista de destrucción.

 

A raíz de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y de otras medidas de profunda justicia social, como parte de la secuencia de vuelos de aviones y avionetas piratas procedentes de territorio norteamericano que se multiplican a partir del segundo semestre de 1959, decenas de esos vuelos tienen como misión el lanzamiento de sustancias incendiarias sobre los cañaverales y de bombas sobre los centrales azucareros cubanos. Estas acciones causaron daños y pérdidas millonarias y costosas interrupciones a la producción azucarera.

 

Aunque recientemente la demanda presentada ante este mismo tribunal contra el gobierno de Estados Unidos por estas organizaciones sociales cubanas por concepto de reparación de daños e indemnización de perjuicios humanos, recoge varios de los incidentes relacionados con esta línea de agresión, no es ocioso volver a recordar algunos de ellos seleccionados casi al azar:

 

El 26 de octubre de 1959, un avión arrojó dos bombas incendiarias sobre el central Niágara, en la provincia de Pinar del Río. Ese mismo mes, el central Punta Alegre, en la provincia de Camagüey, fue objeto de tres ataques con bombas lanzadas desde el aire, y el central Violeta fue atacado en dos ocasiones.

 

A partir del mes de enero de 1960, ya en pleno desarrollo la zafra azucarera de ese año, se multiplicaron los vuelos sobre cañaverales. El día 12 fueron incendiadas desde el aire 500 mil arrobas de caña en las áreas del central Hershey, en la provincia de La Habana. El día 18 una avioneta procedente de Estados Unidos lanzó sustancias incendiarias sobre áreas cañeras de Rancho Veloz y Quemado de Güines, en la provincia de Las Villas, provocando la destrucción de más de 400 mil arrobas de caña y de dos viviendas campesinas.

 

El 28 de enero un avión blanco bimotor, con matrícula norteamericana número CN-325, dejó caer cápsulas incendiarias sobre los cañaverales del central Adelaida, en la provincia de Camagüey, causando la pérdida de 15 millones de arrobas de caña. Los daños fueron valorados en 2,8 millones de pesos. Tras incursiones piratas realizadas contra áreas cañeras de los centrales Corazón de Jesús y Santa Teresa, en la provincia de Las Villas, se descubrieron varias cápsulas lanzadas, que no explotaron, con la inscripción «Bristol Marines, Made in USA». El día 30 se perdieron más de 50 mil arrobas en el central Chaparra, en la provincia de Oriente, y el 11 de febrero fueron incendiadas más de 100 mil arrobas en la provincia de Matanzas.

 

El 7 de febrero de 1960 una avioneta incendió 1,5 millones de arrobas de caña en los centrales Violeta, Florida, Céspedes y Estrella, en Camagüey. El 23 de febrero varias avionetas riegan cápsulas incendiarias en las fábricas de azúcar Washington y Ulacia, en Las Villas, y Araújo, en Manguito, en la provincia de Matanzas. Se perdieron en total 6 millones de arrobas de caña. Solamente en la zona de Manguito las pérdidas fueron valoradas en más de un millón de pesos… y así incontables otras agresiones ocurridas en años sucesivos, en los que también tuvieron una activa participación las bandas mercenarias organizadas, financiadas y armadas por Estados Unidos.

 

Las pérdidas ocasionadas entre 1960 y 1965 solo como consecuencia de la quema de caña en las diversas provincias del país por ataques piratas y la acción de las bandas mercenarias organizadas y financiadas por Estados Unidos, superan el equivalente de 1,5 millones de toneladas de azúcar. A ello se suman cuantiosas pérdidas económicas por afectaciones a la producción y a la exportación resultado de decenas de sabotajes en las instalaciones productivas, equipos agrícolas, almacenes y el transporte de esta actividad, ejecutados por agentes al servicio de ese país.

 

No menos de 46 importantes fábricas de azúcar fueron agredidas directamente, algunas de ellas en reiteradas ocasiones. En la citada demanda presentada por estas organizaciones sociales, se refiere un centenar de agresiones diversas contra centrales azucareros que provocaron considerables daños materiales en estas instalaciones. Entre estos casos se recuerda el ataque lanzado el 18 de febrero de 1960 contra el central España, en la provincia de Matanzas, ocasión en que la avioneta agresora estalla al explotar en su interior una de sus propias bombas. Como resultado del incidente perecieron los dos tripulantes del aparato, identificados como el ciudadano norteamericano Robert Ellis Frost y su copiloto Onelio Santana Roque, este último ex miembro de los cuerpos represivos de la tiranía batistiana, quienes habían realizado no menos de otras tres misiones aéreas similares contra objetivos cubanos desde el aeropuerto de Tamiami, en el estado norteamericano de la Florida.

 

La intensa campaña desplegada por el gobierno de Estados Unidos incitando a la emigración entre los técnicos de la industria azucarera, tuvo fuertes consecuencias económicas negativas en esta industria, que se vio también afectada por la movilización de un número importante de trabajadores que tuvieron que dar respuesta a necesidades de la defensa del país ante las continuas agresiones a que estaba sometida la nación.

 

Las acciones de sabotaje y ataques contra campos de caña e instalaciones de la industria azucarera, emprendidas por Estados Unidos contra esta rama clave de la economía cubana, han tenido como objetivo provocar el colapso de la economía azucarera y con ello el de todo el sistema económico cubano.

 

Entre las incontables agresiones contra otras actividades e instalaciones de la agricultura, pueden mencionarse a manera de ejemplo las siguientes: en 1960 el incendio de cuatro casas de curar tabaco en Limonar, provincia de Matanzas; en 1963 las granjas José Martí en Florida, provincia de Camagüey, Conrado Benítez, en Trinidad, actual provincia de Sancti Spíritus, y Yuri Gagarin en Los Palacios, provincia de Pinar del Río; en 1964 la granja Hermanos Mayo en Las Tunas, y la Julio Antonio Mella en Aguada de Pasajeros, actual provincia de Cienfuegos; en 1980 el vivero de café Santa Martha, en Guantánamo. En todos estos casos y decenas de otros similares, los terroristas y saboteadores al servicio del gobierno de Estados Unidos ocasionaron daños materiales de consideración en instalaciones, equipos, insumos, cosechas y producciones agropecuarias.

 

El incendio y destrucción de un elevado número de instalaciones dedicadas a la avicultura, con la pérdida de cientos de miles de aves, equipos, alimentos para la ceba de pollos y otros insumos de esa actividad, han ocasionado pérdidas económicas millonarias y severas afectaciones a la producción y el consumo de la población.

 

Entre las innumerables instalaciones avícolas que han sido blanco de estas agresiones se cuentan una granja en Madruga, provincia de La Habana, en 1960; el ataque contra varias instalaciones de cría de cerdos y pollos en Martí, provincia de Matanzas, en 1963; el sabotaje de las instalaciones de El Cubano, en Pedro Betancourt, y de la granja España, en Perico, provincia de Matanzas, en 1964; al año siguiente, contra otras cincuenta instalaciones avícolas en Martí; en 1980 contra la granja Buena Vista, en Santiago de las Vegas.

 

El sector de la pesca ha sido también uno de los que ha tenido que sufrir con mayor intensidad las provocaciones, acciones terroristas y agresiones de todo tipo dentro de los planes del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Es natural que una rama tan importante en la producción de alimentos para la población y en la generación de ingresos en divisas por exportaciones de los productos del mar, haya sido un blanco predilecto del terrorismo norteamericano, teniendo en cuenta además el carácter particularmente vulnerable de muchas de sus instalaciones que, como las embarcaciones de la pesca de altura, funcionan separadas y distantes del territorio nacional.

 

Un total de 294 embarcaciones pesqueras de diverso porte y actividad —atuneras, langosteras, camaroneras, de escamas, de captura de quelonios, esponjas y otras del alto y la plataforma— han sido objeto de agresiones diversas. Algunas de estas embarcaciones han sido destruidas o hundidas, otras seriamente dañadas y un número considerable de ellas han sido secuestradas y llevadas a territorio de Estados Unidos, de las cuales una parte importante no han sido nunca devueltas a Cuba.

 

La incitación a la emigración y la continua campaña por radio de emisoras que trasmiten ilegalmente desde Estados Unidos contra Cuba promoviendo la emigración ilegal, con la cobertura que brinda a este proceder la existencia de la llamada Ley de Ajuste Cubano, en virtud de la cual las personas que arriben a suelo estadounidense procedentes de Cuba reciben permiso de trabajo inmediato y al cabo del año el permiso de residencia en ese país, junto con la impunidad de que gozan aquellos que secuestran embarcaciones para llegar a Estados Unidos, incluso los que cometen asesinatos en este empeño, han sido un fuerte estímulo para el secuestro de embarcaciones cubanas pesqueras, de recreación o de cualquier otro tipo. Como promotor de la emigración ilegal, el gobierno de Estados Unidos contrae responsabilidad civil por los daños y perjuicios económicos ocasionados por estas acciones, que no solo han afectado al sector de la pesca, pues embarcaciones dedicadas a actividades de transporte, turismo o construcción, por mencionar solamente estos otros sectores, han sido igualmente secuestradas.

 

Sería interminable la enumeración de las decenas de naves cubanas que fueron atacadas en alta mar o secuestradas y llevadas a territorio norteamericano, donde los secuestradores han disfrutado invariablemente de total impunidad. Solo se referirán a continuación algunos casos de especial significación.

 

El 13 de febrero de 1962 fueron atacados los pesqueros Sigma I y Sigma V, en el Banco de Cayo Sal. El 13 de octubre de ese mismo año, la agresión fue sufrida por el pesquero tripulado por Filiberto Suárez Lima y Miguel Medina, quienes resultaron heridos, la embarcación hundida y los dos pescadores secuestrados y conducidos a Miami, donde no fueron liberados sino treinta días después.

 

También un 13 de febrero, pero de 1963, fueron secuestrados los pesqueros Sigma XV y Sigma II y conducidos a Cayo Elbow, en las Bahamas. Los pescadores Armando y Ramón López Ruiz resultaron heridos y abandonados a su suerte por los piratas procedentes de territorio norteamericano. Serían rescatados días después por unidades de la Marina de Guerra Revolucionaria.

 

El 20 de noviembre de 1968 es cañoneado a 100 millas de las costas venezolanas el motopesquero cubano Alecrín. El 10 de mayo de 1970, los pesqueros Plataforma I y Plataforma IV son secuestrados y sus once tripulantes conducidos a un islote de las Bahamas, donde son rescatados días después.

 

El 23 de febrero de 1971, el guardacostas norteamericano Cape York apresa en aguas internacionales a cuatro embarcaciones pesqueras cubanas cuyos tripulantes son acusados de realizar sus labores en aguas jurisdiccionales estadounidenses. Los cuatro capitanes y 47 pescadores son multados y devueltos a Cuba el 2 de mayo, donde son objeto de un multitudinario recibimiento popular frente al edificio de la antigua Embajada de Estados Unidos. Durante su estancia fueron hostigados, abusivamente interrogados e incitados a desertar. Una agresión similar se comete el 26 de mayo contra cuatro lanchas auxiliares de otros dos pesqueros que laboraban en aguas internacionales al oeste de la isla bahamesa de Dry Tortuga.

 

El 10 de octubre de 1972 los tripulantes de dos lanchas artilladas abordan a los pesqueros Aguja y Plataforma IV, secuestran los pescadores, dinamitan las naves y las hunden, cerca de las costas de la isla de Andros. Los once pescadores cubanos, en una pequeña lancha al garete, serían rescatados por un helicóptero bahamés el día 13. Un año después, el 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos Cayo Largo 17 y Cayo Largo 34 son atacados por dos cañoneras, cuyos tripulantes asesinan al pescador Roberto Torna Mirabal y abandonan a los demás en balsas de goma, sin agua ni comida.

 

Los pesqueros Ferro 119 y Ferro 123 son atacados el 6 de abril de 1976 en aguas internacionales, entre Cayo Anguila y Cayo Sal, en Bahamas. Los pescadores Bienvenido Mauriz Díaz y Luis Orlando Díaz Pérez caen asesinados en la cobarde acción, en la que resultan heridos otros dos tripulantes. Los heridos y el resto de las tripulaciones fueron abandonados a su suerte, hasta que pudieron ser rescatados por otro barco cubano y por un barco mercante con bandera noruega.

 

Los casos enumerados forman parte de una extensa lista de actos de piratería promovidos o estimulados por la política de hostilidad llevada a cabo sistemáticamente por espacio de cuatro décadas por el gobierno de los Estados Unidos, sobre cuyos autores no se conoce un solo caso en que la justicia estadounidense haya impuesto sanción.

 

Las agresiones contra instalaciones y embarcaciones pesqueras cubanas, además de un número considerable de víctimas humanas, han causado pérdidas económicas que se calculan en cientos de millones de dólares, sin contar su significativa afectación en el suministro de una fuente importante de alimentación y de aporte de proteínas para la población. Una embarcación pesquera es como una fábrica de alimentos. Su destrucción, robo o secuestro no puede, por tanto, considerarse exclusivamente como la afectación económica por la pérdida o la imposibilidad de disponer de un activo, pues la interrupción de su actividad no solo priva al país de productos de alto valor que pueden ser exportados, sino afecta significativamente la disponibilidad de alimentos de la población.

 

Fragmento tomado de Demanda del pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos por daños humanos, Editora Política, La Habana, 1999.

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