Surgimiento de la Agencia Central de Inteligencia
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Autor : Manuel González
Publicado : 13/02/2014

El surgimiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) es el resultado de un momento histórico, cuando la necesidad de contraponerse al pujante movimiento de izquierda de la posguerra, con la URSS liderando el mismo, demandaba de los círculos de poder el fortalecimiento de las estructuras de Seguridad Nacional y espionaje en tiempos de paz, confiriéndole la autonomía y capacidades necesarias mientras se mantenían lo más alejadas posible del escrutinio público. 

 

El gobierno norteamericano necesitaba una institución, que además de clasificar y analizar los productos de inteligencia nacional proveniente de las diversas estructuras de inteligencia departamentales, tuviera la capacidad de desarrollar guerras secretas y subvertir los procesos políticos contrarios a sus intereses hegemónicos, en los momentos y circunstancias en que el uso directo de las fuerzas militares regulares no fuese factible, o cuando la diplomacia al estilo norteamericano no funcionase.

 

Desde sus años fundacionales, la CIA estableció estructuras y diseñó métodos, para la ejecución de planes subversivos y de espionaje ejecutados contra gobiernos, pueblos e ideologías opuestas a sus intenciones de dominio global. 

 

La doctrina de contención al comunismo y la necesidad de perfeccionar los mecanismos para salvaguardar la Seguridad Nacional constituyeron el marco ideológico. Fabricar y potenciar amenazas sería de ahora en adelante el recurso para justificar su propia esencia agresiva. Las acciones encubiertas, de contenido netamente subversivo, prevalecerían casi siempre sobre las menos cuestionadas actividades secretas de análisis y recolección de información.

 

A partir del análisis del papel de la CIA durante su surgimiento en relación con la política exterior de los Estados Unidos, se pueden inferir las funciones básicas de esta organización hasta el 2004:

 

  • La coordinación de la actividad de inteligencia entre todos los servicios nacionales ejecutores de la misma.
  • La recolección de información de inteligencia que por otras vías era imposible lograr.
  • La producción de inteligencia, o sea, interpretar y analizar la información de manera objetiva para su traslado a los conformadores de política, aprovechando su independencia institucional y la ventaja de poseer máximo acceso a fuentes secretas y públicas.
  • La organización y ejecución de acciones clandestinas de espionaje, contrainteligencia exterior y actividad encubierta, esta última como soporte y complemento de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos.

 

Históricamente, el énfasis de la CIA sobre estas funciones ha dependido de cinco factores fundamentales:

 

  • La situación político-económica mundial y su interpretación por los gobiernos y políticos norteamericanos.
  • El estado del balance de la relación entre los conceptos de política e inteligencia.
  • El papel y la actitud de otras instituciones del gobierno que cumplen misiones similares.
  • La estructura interna de la Agencia, particularmente los incentivos y privilegios que proveen un tipo de actividad en detrimento de otras (salarios, promociones)
  • El papel del individuo que dirige la agencia: sus preferencias y estatura dentro del complejo sistema político norteamericano.

 

La CIA es creada oficialmente el 18 de septiembre de 1947, fecha en que se hizo firme la Ley 253 de Seguridad Nacional del 26 de julio del propio año, dictada por el Congreso de los Estados Unidos de América .

 

Las dos primeras cláusulas del acta de 1947 hacían referencia al papel coordinador de la Agencia en relación al resto de los departamentos involucrados en la ejecución de la actividad de inteligencia. Sin embargo, la CIA sería la única institución de espionaje de los Estados Unidos independiente y central, pero no controlaría la actividad de las otras. Esta fórmula de coordinación sin control provocaría durante toda su historia un estado de fricción y duplicación de los esfuerzos entre la Agencia y las organizaciones de inteligencia departamentales, pero al mismo tiempo la fortalecería internamente en el resto de sus funciones, tanto en el análisis como en la conducción de las operaciones clandestinas de espionaje y subversión.

 

Desde el punto de vista legal, el matiz subversivo y la naturaleza intervencionista de la actividad de la CIA siempre tuvieron su espacio, aunque de forma ambigua, en la propia Ley de Seguridad Nacional de 1947. La quinta cláusula de la sección de la CIA de esta ley, le daba a la Agencia el derecho a «realizar otras funciones y responsabilidades de interés común referidas a las actividades de inteligencia que afectaran la Seguridad Nacional…»[1]. No obstante, transcurridos solo dos meses, en su primera reunión formal, el también recién establecido Consejo de Seguridad Nacional emitiría la directiva NSC 4/A que encomendaba a la agencia su primera gran operación encubierta contra las fuerzas progresistas de izquierda, en este caso en Italia, donde el movimiento comunista tenía todas las opciones para ganar los comicios electorales.

 

Términos como el de sabotaje, guerra económica, propaganda, y subversión contra estados hostiles, estarían mencionados en el cuerpo de la directiva como parte del concepto de operación encubierta. Por otro lado, se establecería por primera vez el principio de que toda actividad conspirativa e ilegal de la CIA sería factible siempre y cuando existiese la capacidad de negarlo ante la opinión pública de manera plausible y el gobierno de los Estados Unidos estuviese exento de cualquier responsabilidad en el asunto, de esta manera nacería la Doctrina de la negación plausible.[2]

 

En 1949 la Agencia de espionaje yanqui adquirió mayor poder con la promulgación el 20 de junio de la denominada Ley de la CIA, la que le conferiría a la misma mayor autoridad fiscal y administrativa. La nueva ley, le posibilitaría a esta mantener en secreto su presupuesto, estructura, así como la cifra del personal que la integraba y la identidad de los mismos. En resumen, el acta del Congreso otorgaría a la CIA un estatus especial sin precedente para la ejecución de su actividad burocrática.  

 

Tomado del ensayo inédito «La Agencia Central de Inteligencia y sus misiones. Origen, evolución y continuidad de una dinámica injerencista».

[1] Las cuatro primeras cláusulas se referían a:

1 Aconsejar al Consejo Nacional de Seguridad en asuntos concernientes a las actividades de inteligencia de los departamentos del gobierno y agencias en lo referido a la Seguridad Nacional;

2 Hacer recomendaciones al presidente a través del Consejo Nacional de Seguridad para la coordinación de las actividades de inteligencia de los departamentos y agencias del gobierno en lo referido a la seguridad nacional;

3 El cotejo y evaluación de inteligencia relativa a la seguridad nacional y brindar la distribución de  inteligencia dentro del gobierno, utilizando donde fuere apropiado, las facilidades y agencias existentes: a condición que la Agencia no tendrá poderes de policíacos, de citar judicialmente, imponer leyes, o funciones de seguridad interna: más aún, a condición que los departamentos y otras agencias del gobierno continuarán la recolección, evaluación, cotejo y distribución de la inteligencia departamental: y más aún, a condición que el Director de la Central de Inteligencia será responsable de proteger las fuentes de inteligencia y los métodos de una divulgación no autorizada:

4 La realización, para beneficio de las agencias de inteligencia existentes, de servicios adicionales de interés común, según determine el Consejo de Seguridad Nacional, que se puedan lograr de forma más eficiente de forma central.

[2] La directiva NSC 10/2 definía las actividades encubiertas como aquellas relacionadas a «la propaganda, la guerra económica, la acción preventiva, incluyendo el sabotaje y el antisabotaje, demolición y medidas de evacuación; subversión contra estados hostiles, incluyendo ayuda a grupos de resistencia clandestina y apoyo a elementos autóctonos anticomunistas en países amenazados del mundo libre».

En su redacción la directiva también estipulaba que las operaciones encubiertas debían ser «planeadas y conducidas de manera que cualquier responsabilidad del gobierno por ellas no sea evidente a personas no autorizadas y que si fueran descubiertas el gobierno de los Estados Unidos pueda de forma plausible, rechazar cualquier responsabilidad por ellas».

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